La comunidad
indígena Ava Guaraní de Cerro Pytá, del distrito de Corpus Christi,
departamento de Canindeyú, ante la situación de incertidumbre y desinterés
gubernamental por la que atravesamos, hacemos saber a la opinión pública en
general cuanto sigue:
Nos encontramos
asentados en el lugar que ocupamos actualmente desde tiempos remotos, donde
desarrollamos nuestras condiciones de vida de acuerdo a nuestras costumbres,
tradiciones y cultura, pero que es una propiedad que pertenece a particulares,
al menos así lo señalan las documentaciones, aunque los verdaderos y legítimos
propietarios ancestrales somos los indígenas.
En
el año 1996, se promulgó la ley 989/96, por la cual se declaraba de interés
social parte de las fincas Nº 1586 y 2018, del distrito de Corpus Christi, para
asiento de nuestra comunidad, con una extensión de 1.000 hectáreas,
por lo que consideramos que nuestra ya larga lucha en ese entonces había
concluido, pero hoy en día podemos afirmar que estábamos equivocados, pues
realmente recién comenzaba el calvario por el que venimos atravesando.
El
INDI, como organismo gubernamental encargado de salvaguardar los derechos de
los Pueblos Indígenas, nunca se preocupó de las necesidades de protección
territorial ni de otras que precisábamos, haciendo oídos sordos a nuestros
reclamos incansables por lograr el aseguramiento definitivo de las tierras que
ocupamos.
Varias
administraciones han pasado por la Institución sin que ninguna haya realizado
efectivamente acciones tendientes no
solo a satisfacer nuestras necesidades, sino a hacer cumplir una LEY, violando
principios que guardan relación con la formación y organización de un Estado
Social de Derecho.
Es
así que varios Presidentes del INDI han formulado vanas promesas, todas ellas
incumplidas, que consistían en adquirir el territorio que ocupamos y darnos la
suficiente seguridad de contar con la tan ansiada tierra propia, devolviéndonos
de manera legal lo que perteneció a nuestros ancestros.
Dentro
de todas las administraciones que incumplieron sus promesas, se encuentra la
actual, encabezada por la Abog. LIDA
BEATRIZ ACUÑA, quien siendo nuestra representante, no ha sido capaz de
dignarse a titular las tierras que nos sirven de asentamiento, a favor de
nuestra comunidad.
A
pesar de que se han agotado las instancias administrativas y judiciales
pertinentes para realizar la transferencia de los inmuebles para asiento de la
comunidad Cerro Pytá, la misma no se finaliza por única y exclusiva responsabilidad
de la Sra. Presidenta del INDI, quien se burla de las acuciantes necesidades
por la que atravesamos, y en especial de nuestro anhelado sueño de poder contar
con tierra propia y vivir y morir en nuestro territorio tradicional.
En
más de una oportunidad, cuando creíamos que la lucha llegaba a su culminación,
nos encontramos con “excusas baratas” de la Presidencia del INDI, que se burla
de nuestra capacidad de raciocinio, al inventar argumentos sin asideros, para
negarnos el derecho a la tierra propia, garantía constitucionalmente reconocida
y amparada igualmente en Convenios y leyes enmarcados dentro del derecho
positivo nacional.
Es
inexplicable la actitud asumida por la Presidenta del INDI, quien es
supuestamente la representante de los Pueblos Indígenas que habitan este
territorio, ya que debido a su malicia, incompetencia, negligencia y en
violación a los Derechos Humanos, nos está privando de un derecho reconocido
nacional e internacionalmente.
Si
todos los procesos de adquisición de tierras para las comunidades indígenas se
encontrasen paralizados, pensaríamos que se debe a la falta de capacidad de las
autoridades del INDI, pero tenemos que resaltar que no es así, lastimosamente
no lo es.
Y
para demostrar lo señalado más arriba, debemos destacar la compra de un
inmueble en el departamento de Caaguazú, para un grupo de indígenas liderados
por Tomás Domínguez, que de manera inexplicable y con una celeridad envidiable,
se adquirió en menos de tres meses, sin siquiera haberse realizado la
verificación del inmueble por parte de los técnicos especializados en el rubro.
Y tal vez, la verificación no se llevó a cabo porque el inmueble adquirido se
trata de un esteral, inundable con una lluvia de pocos días y sin contar el
suelo con las características aptas para el cultivo, a un precio equiparable a
un terreno de óptima calidad, que tampoco fue discutido por la Presidencia de
la Institución. Cabe destacar que con cada lluvia, las familias que habitan el
lugar, se ven obligadas a abandonarlo, perdiendo partes de sus pertenencias y
debiendo resguardarse en espacios públicos, como es el Parque Nacional Guayakí,
de la localidad de Caaguazú.
Sin embargo, las tierras que habitamos y cuya
compra se dilata inexplicablemente, cuenta con verificación técnica; tasación
oficial; dictámenes favorables de la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la República (organismos contralores en virtud a la
Constitución Nacional), contrato por el que los propietarios manifiestan su
conformidad y un sinnúmero de documentaciones que acreditan la conclusión de
los trámites, pero a pesar de todo ello, no se finaliza por responsabilidad e
inoperancia de la actual administración del INDI. Que la opinión pública saque sus
conclusiones!!!
El
presente comunicado lo formulamos con la finalidad de que la ciudadanía tome
conocimiento de nuestra lucha incansable, y además, dejamos en claro que venimos
por primera y única vez a la capital; dejando en claro que no venimos búsqueda de “ofrendas”, sino que lo hacemos
para que sean respetados nuestros derechos y por sobre todo, nuestra dignidad.
¡¡¡QUEREMOS
NUESTRO TITULO DE PROPIEDAD!!!
Comunidad
Indígena Ava Guaraní “Cerro Pytá”.
